Sobre la supresión del delito de sedición

SOBRE LA SUPRESIÓN DEL DELITO DE SEDICIÓN

Los de mi generación (nací en mayo del 55) hemos conocido tres formas de entender España. La del régimen de Franco, que nos enseñaron en el colegio, donde se repetía de forma machacona el lema “una, grande y libre”, que para muchos de nosotros resultaba poco inteligible y arcaico.

Con la transición y la constitución del 78, nos pareció acariciar el cielo. Se trataba de vivir sin las dos Españas que helaban el corazón a Machado. Participar en Europa, entrar en la modernidad, puertas abiertas a la cultura sin libros prohibidos ni leyes de censura. En Madrid se sucedían las manifestaciones para pedir el estatuto de autonomía para Euskadi y Cataluña. Nuevas leyes, elecciones municipales, autonómicas y generales. Olvido de heridas pasadas, emoción y optimismo de cara al futuro. Fraga y Carrillo dialogaban, tras el “haraquiri” de las cortes franquistas.

Ahora vivimos una nueva transición en la forma de entender el Estado. La comenzó a pilotar Zapatero, Rajoy se dio mus y no quiso incomodar hasta que llegó la declaración de independencia y Pedro Sánchez parece dispuesto a llevarla adelante sin que le tiemble el pulso. La hoja de ruta la desconocemos, tan solo podemos especular en función de lo que hacen y no de lo que dicen.

El código penal vigente es de 1995 (con entrada en vigor en 1996), obra del cuarto gobierno de Felipe González. El delito de sedición no es cosa de tiempos pretéritos. En estos 27 años de vigencia sólo han sido condenados por el mismo los separatistas catalanes. Con la supresión de la secesión en un país que tiene en peligro su integridad territorial, lo que se hace es martillear los clavos en el ataúd de la Constitución del 78.

La dificultad de modificar la carta magna a través del artículo 168 y la ausencia de consenso, lleva al gobierno actual a desarmar al Estado para poder llevar a cabo esta nueva transición. Cuenta para ello con la catatonía del Tribunal Constitucional, al dilatar durante años sentencias que cuando se producen no se pueden aplicar.

Pedro Sánchez no necesita del apoyo de ERC para mantenerse en el poder hasta las elecciones de diciembre del 23. Tiene aprobados los presupuestos, en mayo serán las autonómicas y municipales, inmediatamente después llega la presidencia europea y ya no habrá adelanto electoral. La decisión de lanzar la modificación del código penal es estrictamente política, que todo parece indicar restará votos en la mayoría de España a las siglas del PSOE. Los barones autonómicos preparan sus campañas en formato local, huyen de la cercanía del gobierno nacional. Entonces, ¿por qué Pedro Sánchez se mete en este jardín?

Caben mil especulaciones. En mi opinión, quiere acelerar esta nueva transición; cuenta con que Feijóo (si llega al gobierno en diciembre del 23) no se atreverá a revertirla, como no lo hizo Rajoy, el T Constitucional continuará sesteando, la integración en la UE a través de nuevas directivas aumentará y el espacio para los independentistas será cada vez más reducido. Sin miedo al miedo, está dispuesto a desarmar al propio estado desde sus mismas entrañas.

La realidad es que Sánchez ha hecho todo lo que negó en campaña. Ha gobernado con Podemos, ha indultado a los condenados en el juicio del proces, ahora como estrambote quiere facilitar el regreso de Puigdemont y la participación en las elecciones de Oriol Junqueras. No es casual. Es un plan para construir una forma diferente de entender España.

España camina hacia una forma de estado deshilachado, con los mínimos elementos en común, con una Constitución manipulada y una población de nuevo partida en dos. El PP no tiene alternativa clara después del fracaso de Rajoy. Sánchez no se presentará a las elecciones generales, buscará otro que dé la cara.