El analista político ofrece una perspectiva de todo el fondo social que, de alguna manera, facilitó la actividad desenfrenada del marido de la infanta Cristina y que, sin duda alguna, se pondrá en entredicho en el juicio anunciado para el próximo mes de enero.

El caso Urdangarin iniciará su fase final (a salvo de posteriores recursos) en el mes de enero, mediante la apertura de juicio oral, con 18 acusados sentados en el banquillo. A la cabeza la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. Será noticia internacional. Por delante, varios meses en los que los titulares de los medios de comunicación rebosarán de pasajes de la vida de unos príncipes a los que todo les pareció escaso.

El juez Castro, cordobés, desconocido para la mayoría, desde su modesto juzgado de instrucción número tres de Palma de Mallorca, al final de su carrera profesional, mitad Quijote mitad Sancho, ha instruido, sin miedo al miedo y con mano firme, un sumario que mostrará, en el juicio, los criterios éticos de determinada clase dirigente del país.

Se juzgará tanto unas conductas como unas formas de entender los valores éticos en los que se apoya nuestra sociedad

El juez ha luchado contra toda clase de adversidades, una pléyade de prestigiosos bufetes de abogados, la conducta alternante, cuando no sorprendente, de las instituciones del Estado: la fiscalía, la agencia tributaria o la abogacía del Estado. Palmo a palmo y auto a auto, ha acreditado su absoluta independencia mientras mostraba las pautas de conducta de los imputados, para terminar con un auto de apertura de juicio oral en el que se acusa a la ciudadana Cristina de Borbón, hija y hermana de rey, como presunta colaboradora en dos delitos contra la Hacienda Pública, con una petición de ocho años de prisión.

Más que un juicio

Será algo más que un juicio a unos acusados. Será mostrar a la opinión pública una forma de vida de lo más granado de la sociedad: los acusados y 363 testigos (después de rechazar a 473, incluidos el padre y el hermano de Cristina de Borbón) contarán día a día los comportamientos, detrás del telón, de presuntas tramas para enriquecerse los bolsillos privados con el dinero público.

En el caso de Iñaki Urdangarín se juzgará a un ex deportista que, tras un matrimonio con el que se colocaba en la cúspide de la pirámide social, tuvo la urgente necesidad de demostrar urbi et orbi su capacidad para generar importantes ingresos económicos. Se juzgará tanto unas conductas como unas formas de entender los valores éticos en los que se apoya nuestra sociedad. Los medios de comunicación colocarán su lupa en la aparente impunidad con que se manejaban los señores del Instituto Noos que, alegando fines filantrópicos bajo el paraguas de la fundación, se enriquecían, no solo sin pudor, sino con ostentación.

En el juicio se concentrará, de forma icónica, un reproche a toda una manera de entender que las obligaciones están para los demás y no para los que disfrutan de privilegios.

Carrera delincuencial

¿Por qué los asesores, consejeros y altos funcionarios que pululan por la Zarzuela no advertían a la familia el enorme lío que se estaba fraguando?

Parece sensato descartar que la familia Urdangarin-Borbón fuera consciente de su carrera delincuencial. Pero, al mismo tiempo, es increíble que la hija del rey (tercera en el orden de sucesión, a la jefatura del Estado, durante muchos años y sexta en la actualidad), licenciada en Ciencias Políticas no fuera consciente de la contingencia penal en el que estaba envuelta su familia. ¿Por qué los asesores, consejeros y altos funcionarios que pululan por la Zarzuela no advertían a la familia el enorme lío que se estaba fraguando?

La actividad del matrimonio hacía que le llenaran los bolsillos de dinero allí donde se acercaba. Un día era un ayuntamiento, otro una consejería y el siguiente una empresa privada. No parece razonable que los que ponían alfombra roja para darles el dinero pensaran que su conducta rebasaba los límites del código penal. Todos consideraban normal lo que estaban realizando. Cómo negarse a semejante señores. Por ello, en el juicio, no se analizará sólo una conducta individual, lo que la opinión pública entenderá que se juzga es un todo, un paradigma de comportamiento basado en la presunción de impunidad como parte de los privilegios.

Desigualdad social

La desigualdad social es un fenómeno universal, propio de todas las sociedades humanas. Al mismo tiempo, en las sociedades democráticas modernas, se lucha porque esta desigualdad no sea obscena en lo ético, ineficiente en lo económico y que resulte aceptable políticamente. Para que esta desigualdad sea aceptable por la sociedad, se precisa de un sistema de legitimación de dicha desigualdad. Dicho sistema de legitimación entiende que determinados cometidos, especialmente enriquecedores para la sociedad en su conjunto, han de tener mayor recompensa y reconocimiento social. Este sistema de legitimación de privilegios es el que la conducta del matrimonio Borbón-Urdangarin han mandado al traste.

Para la sociedad no es admisible que alguien a quien el Estado (todos nosotros) le ha dado tanto, realice trapicheos de dinero negro, haga trampas a Hacienda o mienta a la Seguridad Social. Esas conductas atacan a las entretelas de los valores en los que se sustenta la sociedad y son las que causan verdadera alarma social.

El escándalo de las tarjetas black, de muchísimo menos recorrido jurídico, se clavó en la epidermis de la opinión pública por razones similares. Tres son los factores que lo facilitaron: la aparente impunidad de las conductas, el factor de escala (se habla de cantidades que todos conocemos su significado) y la transversalidad, al aparecer implicados personajes de todo el elenco social y político español.

El factor de escala es necesario que esté presente en este tipo de terremotos sociales. Cuando se habla de cifras de miles de millones de euros, no tenemos los ciudadanos de a pie referencias en nuestras economías para comprenderlos. Pero cuando se habla de lo que cuesta un sofá para la casa de Pedralbes, o lo que significa sacar 600 € semanales del cajero, libres de impuestos, todos los ciudadanos comprendemos lo que se está valorando.

Los sistemas de legitimación de las desigualdades sociales son asuntos que hay que tratar con gran delicadeza, están presentes en todos nosotros, todos los días y a cualquier hora. Será el comportamiento frente a estos valores el que estará sometido a escrutinio, junto con el comportamiento que tuvo la legión de testigos que prestará testimonio durante el juicio.

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